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El Gobierno de Aragón muestra su sorpresa por la decisión del Obispo de Lleida de no acatar la voluntad del Vaticano

El Departamento de Educación, Cultura y Deporte afirma que no hay razones procesales que justifiquen su negativa a entregar las piezas de arte sacro a Aragón

Tras conocer la decisión del Obispado de Lleida de no acatar la voluntad del Vaticano, por la que se establece que las 112 piezas de arte sacro depositadas en el Museo Diocesano de Lleida pertenecen a las parroquias de la Diócesis de Barbastro-Monzón, el Departamento de Educación, Cultura y Deporte del Gobierno de Aragón quiere mostrar su sorpresa y su malestar por esta postura que incumple las decisiones de la Santa Sede y el acuerdo expreso que los obispos de Lleida y Barbastro-Monzón y el Nuncio del Vaticano en España firmaron el 30 de junio de 2008 por el que se daban un plazo de 30 días para proceder a la devolución de los bienes.


El procedimiento judicial le permite al obispo de Lleida, si quiere obedecer las decisiones de la Iglesia, dirigirse al Juez para reconocer que la propiedad de las 112 piezas de arte es de las parroquias aragonesas y proceder a su devolución. El Departamento de Cultura considera que el actual momento procesal es definitivo para conocer si el obispo de Lleida tiene voluntad de ejecutar la decisión vaticana o si por el contrario es cómplice con el resto de instituciones representadas en el Patronato del Museo Diocesano.


En este sentido, desde el Ejecutivo autonómico se quiere dejar claro que las razones aducidas hoy por el obispo de Lleida, Joan Piris, ante el juzgado de Barbastro, donde el Gobierno de Aragón y el Obispado de Barbastro-Monzón presentaron sendas demandas civiles, no están justificadas, ya que no hay razones procesales que impidan el cumplimiento de los acuerdos del Vaticano.


Asimismo, es importante recordar, una vez más, al Obispado de Lleida que está exclusivamente en su mano cumplir la voluntad de los decretos de la Santa Sede y ejecutar de manera inmediata la devolución de los bienes.


El Gobierno de Aragón reitera que mantendrá abiertas las acciones judiciales que se aprobaron en Consejo de Gobierno el pasado mes de febrero.

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