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Declaración institucional del Gobierno de Aragón sobre el conflicto de los bienes de la diócesis Barbastro-Monzón
El Gobierno de Aragón ha mantenido desde el año 1995 un escrupuloso respeto a las actuaciones que la Iglesia católica ha venido realizando para cumplir el Decreto que la Congregación de los Obispos de la Santa Sede aprobó ese año. Dicho decreto hacía coincidir los límites eclesiásticos de las parroquias de la provincia de Huesca, con los límites administrativos y obligaba al Obispado de Lleida a la devolución de los bienes de arte sacro de las parroquias aragonesas.
Durante más de diez años se han venido sucediendo maniobras dilatorias para evitar el retorno de las obras a Aragón. Dichas actuaciones venían amparadas en el ordenamiento jurídico y avaladas por el Concordato de 1979, por lo que el Gobierno de Aragón ha respetado siempre cuantas actuaciones iniciaron las instituciones de Cataluña y el Obispado de Lleida.
El 30 de junio de 2008, el Nuncio de Su Santidad en España y los Obispos de Barbastro-Monzón y Lleida suscribieron un acuerdo que daba cumplimiento a las sentencias vaticanas y se daban treinta días para el retorno de las obras.
El Gobierno de Aragón ha mantenido la prudencia a lo largo de estos siete meses en la seguridad de que en un Estado de Derecho ningún poder público adoptaría otras decisiones que las de hacer cumplir las sentencias de los Tribunales.
La decisión del Consorcio del Museo Diocesano de no atender las sentencias de la Signatura Apostólica para devolver de forma inmediata las piezas de arte sacro a Aragón es un hecho muy grave.
En consecuencia, el Gobierno de Aragón ha decidido iniciar acciones penales contra aquellas personas e instituciones que forman parte del Consorcio del Museo Diocesano de Lleida por obstrucción a la justicia, prevaricación y apropiación indebida.
El Gobierno de Aragón reitera su confianza en el Estado de Derecho y en el cumplimiento de nuestro ordenamiento jurídico y reclama una vez más la inmediata devolución de las piezas propiedad del Obispado de Barbastro-Monzón, tal y como han exigido las sentencias vaticanas.