Barranco de La Bartolina
El Barranco de La Bartolina es un paraje que acoge un conjunto impreciso de fosas comunes de la Guerra de España (1936-1939), en los que, según la voz popular, podrían yacer los restos de cientos de víctimas de la represión de los sublevados tras el golpe de Estado del 18 de julio de 1936 contra la legalidad constitucional de la Segunda República. Representa uno de los lugares donde tuvo lugar la brutal represión acaecida en la comarca de Calatayud, tanto durante los años de la Guerra de España, como en los primeros años de la dictadura franquista. El barranco era el lugar de fusilamiento de gente de toda la Comarca de Calatayud, que englobaba, en 1936, muchos de los pueblos de los antiguos partidos judiciales de Calatayud, Ateca, Daroca y La Almunia.
La represión se irá espaciando poco a poco, aunque seguirá activa hasta comienzos de los años cuarenta. A partir de entonces el barranco queda como una especie de lugar prohibido, donde muchos saben que su familiar está enterrado, pero muy pocos se atreven a acercarse.
El barranco es un paraje que ha sido modificado por la erosión natural, fundamentalmente debido a las lluvias torrenciales de los últimos 70 años, las cuales hicieron aflorar a la superficie los huesos allí enterrados y diversos restos fueron arrastrados a lo largo del cauce del barranco, llegando, incluso, hasta la conexión de éste con el río Jalón. También ha contribuido a su modificación la acción antrópica, transformando sustancialmente el aspecto original del mismo, al ser objeto de numerosos movimientos de tierras y edificaciones y haber sido utilizado como vertedero y escombrera municipal y comarcal. Además, el lugar fue objeto de numerosos expolios de restos humanos a finales de los años 50 y principios de los 60, con el objeto de trasladarlos al Valle de los Caídos.
En 1999, el Ayuntamiento de Calatayud decide instalar en el barranco un vertedero municipal, situado en el extremo opuesto a la mayor fosa del lugar, y utiliza para sellarlo y compactarlo la arena tomada de la sepultura colectiva, mezclando la tierra con los huesos de los fallecidos sacada de la fosa común. En 2007 se inicia el movimiento de asociaciones memorialistas encabezado por ARICO (Asociación por la Recuperación e Investigación Contra el Olvido), con el apoyo de algunos representantes de la ARMH (Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica), de historiadores y arqueólogos, que acompañan a testigos todavía vivos de la masacre y a familiares esperanzados con la posibilidad de exhumar los huesos, identificar su ADN y poder así dar digna sepultura a sus familiares. En el año 2011 se realizan una serie de prospecciones y sondeos arqueológicos que incluyen técnicas de prospección mediante georradar y detectores de metales, con resultados negativos. A partir de este momento sólo quedaba por explorar el vertedero, pero según los técnicos, por efecto de los ácidos producidos en la degradación de las basuras, los huesos están destruidos, y el simple acto de intentar abrirlo conllevaría peligros, como pequeñas explosiones producidas por el gas metano acumulado en el basurero. Con ello, cualquier intento de exhumación y de recuperación de los huesos para la identificación del ADN de las víctimas, queda anulada por completo.
Como consecuencia de lo expuesto, se desconoce la ubicación exacta de la totalidad de los restos humanos contenidos en el barranco, si bien se sabe el área exacta donde fueron asesinados, así como aquella a la que fueron desplazados con posterioridad, incluyéndose ambas zonas en el procedimiento de declaración con el objeto de protegerlos de futuras actuaciones y garantizar así su integridad, conservación y dignificación.
Respecto al número de cuerpos que podrían albergar, su cuantificación exacta no se puede efectuar, ya que las partidas de defunción (cuando constan), además de hallarse incompletas, no siempre dan una información veraz, y en los registros de las localidades afectadas no se hace referencia a los lugares de enterramiento. Las hipótesis varían desde los 400-500 que presupone Nacho Moreno Medina en su estudio sobre la represión en la zona de Calatayud («La ciudad silenciada, Segunda República y represión fascista en Calatayud, 1931-1939») hasta los 2.000 que afirman otros autores, aunque resulta más verosímil la primera valoración.
Historia
Declaración. Siglo XXI, 2021
Bibliografía relacionada
El Barranco de La Bartolina es un paraje que acoge un conjunto impreciso de fosas comunes de la Guerra de España (1936-1939), en los que, según la voz popular, podrían yacer los restos de cientos de víctimas de la represión de los sublevados tras el golpe de Estado del 18 de julio de 1936 contra la legalidad constitucional de la Segunda República. Representa uno de los lugares donde tuvo lugar la brutal represión acaecida en la comarca de Calatayud, tanto durante los años de la Guerra de España, como en los primeros años de la dictadura franquista. El barranco era el lugar de fusilamiento de gente de toda la Comarca de Calatayud, que englobaba, en 1936, muchos de los pueblos de los antiguos partidos judiciales de Calatayud, Ateca, Daroca y La Almunia.
La represión se irá espaciando poco a poco, aunque seguirá activa hasta comienzos de los años cuarenta. A partir de entonces el barranco queda como una especie de lugar prohibido, donde muchos saben que su familiar está enterrado, pero muy pocos se atreven a acercarse.
El barranco es un paraje que ha sido modificado por la erosión natural, fundamentalmente debido a las lluvias torrenciales de los últimos 70 años, las cuales hicieron aflorar a la superficie los huesos allí enterrados y diversos restos fueron arrastrados a lo largo del cauce del barranco, llegando, incluso, hasta la conexión de éste con el río Jalón. También ha contribuido a su modificación la acción antrópica, transformando sustancialmente el aspecto original del mismo, al ser objeto de numerosos movimientos de tierras y edificaciones y haber sido utilizado como vertedero y escombrera municipal y comarcal. Además, el lugar fue objeto de numerosos expolios de restos humanos a finales de los años 50 y principios de los 60, con el objeto de trasladarlos al Valle de los Caídos.
En 1999, el Ayuntamiento de Calatayud decide instalar en el barranco un vertedero municipal, situado en el extremo opuesto a la mayor fosa del lugar, y utiliza para sellarlo y compactarlo la arena tomada de la sepultura colectiva, mezclando la tierra con los huesos de los fallecidos sacada de la fosa común. En 2007 se inicia el movimiento de asociaciones memorialistas encabezado por ARICO (Asociación por la Recuperación e Investigación Contra el Olvido), con el apoyo de algunos representantes de la ARMH (Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica), de historiadores y arqueólogos, que acompañan a testigos todavía vivos de la masacre y a familiares esperanzados con la posibilidad de exhumar los huesos, identificar su ADN y poder así dar digna sepultura a sus familiares. En el año 2011 se realizan una serie de prospecciones y sondeos arqueológicos que incluyen técnicas de prospección mediante georradar y detectores de metales, con resultados negativos. A partir de este momento sólo quedaba por explorar el vertedero, pero según los técnicos, por efecto de los ácidos producidos en la degradación de las basuras, los huesos están destruidos, y el simple acto de intentar abrirlo conllevaría peligros, como pequeñas explosiones producidas por el gas metano acumulado en el basurero. Con ello, cualquier intento de exhumación y de recuperación de los huesos para la identificación del ADN de las víctimas, queda anulada por completo.
Como consecuencia de lo expuesto, se desconoce la ubicación exacta de la totalidad de los restos humanos contenidos en el barranco, si bien se sabe el área exacta donde fueron asesinados, así como aquella a la que fueron desplazados con posterioridad, incluyéndose ambas zonas en el procedimiento de declaración con el objeto de protegerlos de futuras actuaciones y garantizar así su integridad, conservación y dignificación.
Respecto al número de cuerpos que podrían albergar, su cuantificación exacta no se puede efectuar, ya que las partidas de defunción (cuando constan), además de hallarse incompletas, no siempre dan una información veraz, y en los registros de las localidades afectadas no se hace referencia a los lugares de enterramiento. Las hipótesis varían desde los 400-500 que presupone Nacho Moreno Medina en su estudio sobre la represión en la zona de Calatayud («La ciudad silenciada, Segunda República y represión fascista en Calatayud, 1931-1939») hasta los 2.000 que afirman otros autores, aunque resulta más verosímil la primera valoración.